La Ley que reconoce la lengua de señas en República Dominicana quedó promulgada este martes con el objetivo de usar e incluir el lenguaje de signos en el país como mecanismo oficial de comunicación de las personas sordas, informó la Presidencia.
El presidente Luis Abinader encabezó el acto de firma del documento que reconoce esta Ley, aprobada el pasado 18 de julio en el Senado de la República y dos días después en la Cámara de Diputados, recuerda un comunicado de prensa.
El lenguaje de signos es la lengua natural de la población sorda que vive en territorio nacional, forma parte de su identidad cultural y constituye su principal forma de comunicación, cuya complejidad gramatical y de vocabulario es como la de cualquier lengua oral, respaldada por el elemento visual, gestual y espacial.
«La ley atribuye al Estado el compromiso y el deber de fomentar y apoyar actividades de investigación, enseñanza y difusión de la lengua de señas y la integración de intérpretes y guías intérpretes para el acceso a los servicios públicos y económicos de interés general», explicó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
Asimismo, la ley establece como responsabilidad de los ministerios de Educación y Educación Superior la promoción de la enseñanza bilingüe, basada en el español y la lengua de señas, debiendo crear programas de capacitación y aprendizaje para maestros y personal administrativo.
En esa misma línea, la ley asigna a los poderes del Estado la promoción del uso de la lengua de señas y la intervención de intérpretes y guías intérpretes en programas informativos, documentales, culturales, educativos, en las transmisiones de sesiones del Senado y la Cámara de Diputados y en los mensajes de las autoridades nacionales y municipales.
La norma incluye la institucionalización de un servicio de intérpretes y guías intérpretes que, bajo la acreditación del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), servirán de canal de comunicación para que las personas sordas puedan ejercer plenamente los derechos reconocidos por la Constitución y las leyes.